Open top menu


La justicia de los ricos imputa al campo popular. 

Martina está imputada en una causa sin carátula por haber destapado uno de los tantos hechos que los
Medios hegemónicos cubren a diario: la lucha constante de los trabajadores y trabajadores del Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. Una empresa que este año procesó aproximadamente tres millones cien  mil toneladas de azúcar. De toda la zafra una parte se destina al mercado del bioetanol, otra al alcohol, y también a la confección de papel; este último producto lo fabrica en la provincia de San Luis.
La patronal de Ledesma es responsable de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico,  militar y eclesiástica.
¿Por qué imputan a Martina? Por haber hecho su trabajo como comunicadora del campo popular con
clara intención de amedrentar a todos los medios alternativos, comunitarios y populares. Intento que se  reitera sistemáticamente como en el caso de una de las marchas por el esclarecimiento por la desaparición  de Santiago Maldonado donde fueran encarceladas más de 30 personas entre las cuales se encontraban compañeros de distintos medios alternativos. 
En el mes de septiembre de este año los trabajadores y trabajadoras de Ledesma realizaron una
permanencia  en las inmediaciones de la ruta nacional 34 a la altura del puente San Lorenzo en reclamo por mejoras salariales. Pedido que fue negado de forma constante y que desoyeron también la solicitud de sentarse a dialogar entre las partes.
En esa misma lucha y permanencia fueron reprimidos por la policía de la provincia a cargo de Ernesto  Guillermo Corro (Jefe de la policía) y el comisario de UR2, Antonio Ramón Cerrizuela. En ese hecho las  fuerzas represivas del Estado tuvieron que retroceder tras la defensa que realizaron los trabajadores y  trabajadoras ante los gases lacrimógenos.
A Martina, militantes de DD.HH, Organizaciones Sociales, partidos políticos y delegados la justicia de los ricos le tira por la cabeza el artículo 194 del código procesal penal sin aclarar cuál es el delito que habrían cometido.
¿Qué dice el artículo? Esto: "Capítulo II - Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de
transporte y de comunicación > ARTICULO 194: El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere,  estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años."
Martina señala que le buscaron el vericueto al asunto porque la imputación es por el supuesto corte del acceso al puente viejo que se emplaza en paralelo a la ruta nacional 34. Camino que ni siquiera pertenece al ámbito nacional.
"Sin duda alguna esto es una política de Estado, una lógica de funcionamiento, es la bajada de línea que hay a nivel nacional y que baja el Gobierno Nacional. Es lo que han hecho en el sur y en cada
movilización" nos dice Martina y agrega que también en el procedimiento de notificar a los imputados hubo irregularidades.
Recordemos que el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, declaró que "A mi nadie me corta la ruta, a mi nadie me hace manifestaciones, y el que lo haga que vaya preso."
Martina nos recuerda que en los últimos dos meses cerraron tres medios en la zona por ser opositores al Gobierno y que también como trabajadores y trabajadoras de los medios populares "Debemos plantearnos como hicimos en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos el tema de la seguridad." Las imputaciones y el caso son responsabilidad de la Agente Fiscal Nº 10, Dra. Silvia del Valle Farall.


Claves