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La audiencia del viernes pasado en el juicio por el asesinato de José Díaz, militante del MTP, que tiene como único imputado al ex General Alfredo Arrillaga, es historia que aún no es historia. Un hito en los juicios contra integrantes de las fuerzas armadas, responsables de violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas.
Foto: Exjuez Gerardo Larrambebere, a cargo de la instrucción de la causa de La Tablada (La Gaceta Mercantil)
Casi 30 años después, en la sala del TOF 4 de San Martín,  un testigo, Cesar Ariel Quiroga, retirado hace tres años del ejército, acudió a declarar, convocado por la defensa de Arrillaga y la fiscalía. Quiroga, que en 1989 era sargento del Ejército  Argentino, dijo que después de su participación en la “recuperación del cuartel” lo obligaron a firmar una declaración que él no dio. Esa declaración, la falsa de 1990, en el marco del juicio que investigaba y juzgaba a los militantes del MTP, es la versión del ejército sobre los desaparecidos de la Tablada. Es la misma versión que dio el hoy enjuiciado Alfredo Arrillaga en aquella oportunidad cuando, aunque de pocas palabras, repitió la historia oficial: el Mayor Varando entrega a José Díaz e Iván Ruiz a Cesar Quiroga (que manejaba una ambulancia y entró varias veces al cuartel), que se los entrega al Sargento Ayudante Ricardo Esquivel, que muere en La Tablada. La historia oficial suma ficción en el final, para intentar explicar qué pasó con José e Iván: ambos matan a Esquivel y se escapan. A partir de esa versión, hasta 1997, se buscó a quienes hoy continúan desaparecidos como a delincuentes fugados.
El viernes pasado, lo que cayó con la declaración del exmilitar Cesar Quiroga, es la versión oficial, la del “general”. Es la que intentaban instalar, en este juicio como en 1990, los “no recuerdo” de conscriptos olvidadizos que pasaron antes. Son los mismos “no recuerdo” de los militares en los juicios de lesa humanidad, a los que refirió Liliana Mazea, una de las abogadas de la querella, en una entrevista radial “luego de años de ser parte de juicios de lesa humanidad, de escuchar a los militares decir ‘no me acuerdo, pasaron muchos años’ y otras mentiras por el estilo, apareció uno que confesó la verdad. Inédito”. Y ahí está sentado, el ex general Arrillaga. Sabiendo qué hicieron con los cuatro. Y cuando no hay esperanzas de desentrañar algo que nos acerque a la verdad, aparece Quiroga, para descubrir el encubrimiento del Estado, tal vez sin haber tomado dimensión. Ese Estado, que encarnado en el ejército y el poder judicial, se preocupó por imprimirle las hojas con su supuesta declaración para que la leyera y se la aprendiera, “por si alguien en algún momento reclama algo”. Alguien, es el colectivo de familiares, abogados/as, amigos/as, militantes que caminan hace muchos años la exigencia de verdad y justicia para los desaparecidos de La Tablada. Algo, son los desaparecidos: José Diaz (o Maradona), Iván Ruiz, Carlos Samojedny y Francisco, Pancho, Provenzano y la necesidad de saber que hicieron con ellos.
La declaración fraguada de Quiroga, lleva las firmas de Alberto Nisman, por entonces secretario del juzgado de Morón y del Juez Gerardo Larrambebere. Allí se instruía en 1989 la investigación por los hechos de La Tablada. La misma autoridad que llegó, con 37 años, al RIM 3 en La Tablada, el 24 de enero. El que caminó entre cuerpos masacrados en lo que, a cualquier ojo, había dejado como consecuencia el “uso desmedido de la fuerza” por parte de quienes estaban a cargo de la recuperación del cuartel, comandados por el entonces General Arrillaga. El que vio a integrantes del MTP con los brazos quebrados, golpeados, encapuchados.

Gerardo Larrambebere, el juez que firmó la declaración fraguada

Parece mentira creer, por sencillo sentido común, como bien sostuvo el periodista Pablo Waisberg en su testimonio en este juicio, que dos personas, luego de combatir durante más de 10 horas, heridos, cercados, y desarmados, se escapen de un operativo diseñado por las fuerzas militares, en articulación con la policía provincial. Esa es la versión que dijeron creer desde el juzgado que investigaba qué y cómo se habían sucedido los hechos el 23 y 24 de enero de 1989, cuando cerca de 40 integrantes del Movimiento Todos por La Patria intentaron copar el Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada. Cabe aclarar que ese juicio tenía como imputados a los integrantes del MTP. Allí se decidió no hacer caso a las denuncias que ya entonces realizaban los militantes por “no ser el objeto procesal de esa causa”. Del mismo modo que es imposible creer la versión oficial de la “fuga”, hay que hacer un esfuerzo enorme para no pensar en la relación entre el accionar del secretario de un juzgado y el juez del mismo, y de ambos con el ejército. Quiroga declaró el viernes pasado que cuando fue a declarar en 1990, convocado junto al resto de los “ambulancieros y camilleros” que participaron ese día en La Tablada, fue acompañado de un auditor, el Teniente González Roberts, que fue el que le dijo que debía firmar la declaración que no había dado. “Si no hubiera habido connivencia entre el juzgado de Larrambebere y Nisman, nunca podría haberse permitido que un testigo fuera con un auditor del Ejército” afirmó Liliana Mazea, parte de la querella.
Larrambebere, que ahora, luego del testimonio de Quiroga queda en el centro del encubrimiento estatal a las desapariciones de La Tablada, denunció en el año 2015 al juez Galeano por encubrimiento en la investigación del caso AMIA. El tribunal que integró hasta ese año, junto a Guillermo Gordo y Miguel Pons, decretó en 2011 la prescripción de la causa "IBM-ANSES“, donde se investigaba el supuesto pago de sobornos por unos 60 millones de dólares para la informatización del organismo previsional.
En 2010, el mismo tribunal, condenó a militantes de Quebracho por los destrozos en un local partidario, en 2007, con motivo del repudio por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
En 2012, los mismos tres integrantes Larrambebere-Gordo-Pons, le quitaron a una mujer presa la posibilidad de reducir el tiempo para acceder a la libertad condicional, luego de haber cursado estudios en la cárcel. Casación apeló el fallo y debieron reverlo.

Alberto Nisman, pieza clave junto a Larrambebere del encubrimiento en La Tablada.
La declaración fraguada del exmilitar Quiroga en la causa de La Tablada, que lleva su firma, revela que hubo un plan del Estado, en sus distintos estamentos, para encubrir violaciones a los derechos humanos. Hace pocas semanas, Juan Ramos Padilla, que fue juez de Morón entre 1986 y el 1988, denunció que Nisman se encargó de “ocultar los desaparecidos en La Tablada". “Nisman fue empleado de Morón y yo me retiré del juzgado. Me reemplazó Larrambebere y vino La Tablada. En La Tablada hubo algunos muertos que no quedó muy claro qué les había pasado. El que se ocupaba de encubrir esas muertes raras que había en La Tablada, con Larramebebere que después fue el juez de la AMIA, era Nisman. De ahí es captado por los servicios de inteligencia” afirmó Ramos Padilla en una entrevista radial con Roberto Navarro, en noviembre de este año.
Es imposible creer que el entonces secretario Alberto Nisman se desempeñara autónomamente. La responsabilidad del juez Gerardo Larrambebere aparece ahora, luego del testimonio de Quiroga, más nítidamente: una declaración fraguada, realizada por un joven sargento en presencia de un superior del ejército, el auditor Teniente González Roberts, firmada bajo presión para encubrir los asesinatos y desapariciones en La Tablada, lleva su firma. Con la exposición del encubrimiento parece más cercana, al menos por un momento, la posibilidad de saber qué hicieron con José, Iván, Pancho y Carlos.

*Este diario del juicio por los desaparecidos de La Tablada es una herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia, FM La Caterva y Agencia Paco Urondo, con la finalidad de difundir esta instancia de justicia que tanto ha costado conseguir. Agradecemos todo tipo de difusión y reenvío, de modo totalmente libre, citando la fuente. Seguimos diariamente en http://desaparecidosdelatablada.blogspot.com